Por Redacción

Mexicali, 26 de julio de 2026.- La captura de cuatro menores de edad involucrados en un secuestro y tres implicados en un asesinato ha evocado el abandono institucional que sufren los menores en la entidad, situación ante la cual el oficialismo ha pedido el endurecimiento de las penas. En poco más de una semana, ocho menores fueron detenidos vinculados a crímenes considerados atroces, como secuestro y homicidio.

Dos de los ocho detenidos tenían 13 y 14 años de edad. Tres de ellos fueron señalados como autores del asesinato de Flaviano López Martínez, de 50 años, conductor de InDrive. Según los señalamientos, lo habrían matado de un balazo, trasladado su cuerpo a un terreno despoblado donde lo incendiaron, no sin antes videograbarlo, exhibirlo y ridiculizarlo. Los otros cinco menores fueron capturados en Playas de Tijuana por privación de la libertad.

Ante estos hechos, la única respuesta del sector político ha sido la del diputado Juan Manuel Molina, quien propone endurecer las penas contra menores infractores. Esta postura centra el debate en establecer como únicos responsables a los adolescentes, sin analizar las condiciones materiales de la población, la precarización en la que viven, su susceptibilidad a la delincuencia organizada, ni la deshumanización y falta de atención temprana de salud mental.

El contexto de estos eventos remite a septiembre de 2022, cuando funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), acompañados de la Fiscalía General del Estado (FGE), irrumpieron en la casa hogar llamada A Way Out. El inmueble, ubicado en la colonia Robledo de Mexicali, era dirigido por Gabriela Ortiz, activista encargada de atender a adolescentes en riesgo delictivo que ninguna otra institución recibía. Ortiz había logrado el espacio mediante un comodato.

En este albergue llegaban jóvenes con historial criminal, consumo de enervantes, episodios traumáticos e incluso vínculos con la delincuencia organizada. La casa hogar cerró sus puertas debido a la detección de supuestos abusos que nunca fueron confirmados. Las acusaciones emitidas por el DIF y la FGE no pudieron sostenerse y cada uno de los señalamientos fue desacreditado.

Respecto a las denuncias de que los menores eran obligados a hacer sus necesidades en baldes y contenedores, se señaló que la realidad era que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) dejó sin agua al inmueble por varios días. Esto obligó a los residentes a usar alternativas ante la necesidad y la sobrepoblación que padecían, dado que era el único lugar que接收ía menores en riesgo delictivo real.

Gabriela Ortiz denunció durante muchos años abusos e intentos de corrupción por parte de funcionarios, principalmente durante la época del PAN, quienes condicionaban apoyos a cambio de devolver una parte en efectivo; al no prestarse a ello, fue castigada varias veces. Eduardo Villa, autor de la investigación, destaca que la captura de estos menores refleja dicho abandono institucional.