San Luis Potosí, 29 de mayo de 2026.- Dos comunicadoras fueron detenidas y encarceladas la semana pasada por el delito de uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social, según documentos de la Fiscalía de San Luis Potosí. El mismo documento señala a otras nueve personas, entre las que se encuentran activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y gestores de plataformas digitales.

Estas detenciones ocurren meses después de que, en noviembre de 2025, el Congreso de San Luis Potosí reformara su código penal para sancionar específicamente el uso indebido de inteligencia artificial con el fin de provocar alarma social. La modificación legislativa se realizó un mes después de que, el 16 de octubre de 2025, se difundiera un video donde un supuesto comandante del Cartel del Golfo acusaba al gobernador Ricardo Gallardo y a la Guardia Civil Estatal de trabajar con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Ante la difusión del material, el gobernador Ricardo Gallardo negó los hechos y afirmó que el video estaba creado con inteligencia artificial, calificando la situación como “no era un juego, sino un delito grave”. San Luis Potosí es actualmente la única entidad del país gobernada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Gallardo tiene la intención de situar a su esposa, la senadora Ruth González Silva, como su sucesora en las elecciones de 2027.

Jan-Albert Hoosten, director del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en México, señaló que “todos los que aparecen ahí tienen en común que han sido muy críticos con el gobernador Ricardo Gallardo”. Hoosten opinó que lo que sucede en la entidad es “uno de los precedentes más peligrosos para el periodismo mexicano de los últimos tiempos”.

La activista e integrante de Morena Roxana Herrera, quien figura en la lista de señalados, afirmó que se trata de una “persecución política” destinada a “callar las voces críticas con el actual Gobierno del Estado”. Herrera añadió que “ya hay un ambiente de miedo”. Por su parte, dos periodistas de la entidad identifican estos hechos como un golpe más a una libertad de expresión ya atacada, donde conviven con el “temor” de ser señalados, desprestigiados, despedidos o intimidados por escribir contra el gobierno de Gallardo.

Entre los señalados se encuentra la periodista Anahí Torres, quien el año pasado pidió ayuda a Claudia Sheinbaum. Una periodista entrevistada respecto al clima actual apuntó: “La violencia política que traen las elecciones se está viendo desde ahorita” y describió la situación como “la culminación de” un proceso de hostigamiento. El Gobierno de San Luis Potosí no ha respondido a las preguntas del periódico EL PAÍS sobre estos hechos.