Ciudad De México, 08 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe presentado por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), al afirmar que el documento tiene una “orientación” destinada a criticar al Gobierno de México y no reconoce los esfuerzos institucionales realizados para erradicar el delito.

Sheinbaum negó que la crisis de desaparecidos en el país pueda ser considerada un crimen de lesa humanidad. La mandataria sostuvo que este tipo penal requiere “ataques sistemáticos contra la población civil” por parte del Estado, situación que aseguró “ya no ocurre” en México. “Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada ‘guerra sucia’ (…) Eso ya no ocurre”, declaró la presidenta.

En su crítica al documento, Sheinbaum señaló que una de las principales debilidades del informe es que no establece la diferenciación entre las desapariciones cometidas por el Estado y las perpetradas por grupos del crimen organizado. “No pueden acusar un gobierno que luchó contra la desaparición forzada por parte del Estado de que está cometiendo el mismo delito o que equiparen la desaparición en México a ese delito”, insistió.

La presidenta lamentó que el comité no tome en cuenta las observaciones presentadas por el Ejecutivo mexicano. “Nada más hay que leer las conclusiones para saber que no están reconociendo el esfuerzo que está haciendo el gobierno de México”, afirmó Sheinbaum, quien cuestionó: “No entendemos por qué esta extrapolación, por qué la extrapolación de crimen de lesa humanidad cuando el Gobierno está actuando”.

Por su parte, Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, defendió el proceso de análisis realizado, el cual examinó la evolución de la situación a la luz de las interacciones sostenidas con el Estado mexicano desde 2012. Albán precisó que el comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, “más de 132 mil al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional”.

El informe del CED, presentado el pasado 2 de abril a la Asamblea General de la ONU, sostiene que las desapariciones forzadas en México tienen carácter generalizado o sistemático por parte del Estado y recomienda elevar el caso ante la Asamblea a través del secretario general António Guterres. Ante esto, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) anunció que ofrecerá una conferencia de prensa para exponer la postura técnica del gobierno, la cual se basó en un análisis “párrafo por párrafo” del documento.

Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Tlachinollan y el Centro Prodh, respaldaron la decisión del CED de solicitar la intervención de la Asamblea General. Mientras el gobierno califica el informe de “tendencioso”, Albán rechazó que el comité pueda ser sometido a presiones por parte de los Estados parte de las convenciones en materia de derechos humanos.