Ciudad Juárez, 28 de marzo de 2026.- Organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron una vigilia en el puente internacional Santa Fe de esta ciudad para exigir verdad y justicia efectiva a tres años del incendio ocurrido en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), siniestro que dejó un saldo de 40 migrantes fallecidos y 27 lesionados.

En el evento conmemorativo, que también incluyó un viacrucis, los participantes acusaron que hasta la fecha no se ha logrado la reparación integral del daño para las 82 víctimas identificadas, conformadas por los 40 fallecidos, 27 hombres sobrevivientes y 15 mujeres sobrevivientes. Las organizaciones señalaron que el Estado se niega a otorgar el reconocimiento legal como víctimas a las mujeres que sobrevivieron al fuego.

Durante un conversatorio realizado en la Ciudad de México, representantes de la Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) expusieron las deficiencias en los procesos judiciales. Lorena Cano, del Imumi, indicó que no todos los afectados han recibido compensación económica, destacando el caso de las 15 mujeres que no han sido reconocidas bajo el argumento de que no sufrieron lesiones físicas.

Respecto a los responsables, se denunció que los funcionarios de mayor jerarquía se encuentran en procesos penales que les favorecen mediante una justicia desigual. Entre ellos mencionaron al ex comisionado del INM, Francisco Garduño, quien fue señalado por las organizaciones como uno de los involucrados que continúan enfrentando procesos sin sentencias firmes, junto con personal de seguridad privada y otros agentes.

De acuerdo con la información presentada por las agrupaciones civiles, actualmente solo cuatro personas se encuentran en prisión, mientras que otras siete siguen su proceso en libertad. Los abogados y activistas enfatizaron que la falta de sentencias ejecutoriadas y el incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantienen el caso en un estado de impunidad.

Las organizaciones reiteraron que la tragedia evidenció fallas estructurales en la política migratoria y exigieron que se garantice el acceso a la justicia para todos los sobrevivientes y familiares de los fallecidos, sin distinción de género o tipo de afectación, para evitar la repetición de hechos similares bajo custodia del Estado.