Morelia, 28 de marzo de 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que su administración enviará una iniciativa de reforma al Código Penal Federal con el objetivo de que adolescentes involucrados en delitos graves sean juzgados como adultos. La decisión responde al asesinato de dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, presuntamente perpetrado por un menor de 15 años.

Durante una entrevista, el mandatario estatal subrayó que, aunque la tragedia ocurrida en Lázaro Cárdenas es un caso específico, existen antecedentes de que grupos criminales utilizan a adolescentes para actividades delictivas aprovechando su inimputabilidad ante las leyes mexicanas. “Enviaremos la iniciativa, ya la estamos preparando, porque, aunque es el primer caso en Michoacán, no podemos permitir que se siga replicando”, agregó el gobernador.

El caso detonante involucra a Osmar N, un adolescente de 15 años señalado como presunto responsable del homicidio de las docentes María del Rosario y Tatiana en la preparatoria “Anton Makárenko”. De acuerdo con información recabada por la Fiscalía michoacana, el imputado planeó el ataque desde el día anterior y portaba un arma larga, hecho que difundió en redes sociales antes de cometer los hechos a las 08:30 horas.

En la audiencia inicial, realizada a puerta cerrada en las instalaciones del Centro de Internamiento para Adolescentes y Adultos Jóvenes debido a la minoría de edad del implicado, el Ministerio Público acusó a Osmar N por el delito de feminicidio. Asimismo, se ordenó la privación justificada de su libertad por portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

La situación legal del adolescente aún no se resuelve definitivamente. A petición de la defensa, se concedió la duplicidad del término constitucional para que el juez determine la vinculación a proceso y califique el delito. Se tiene previsto que la audiencia se reanude el próximo lunes, momento en el cual se conocerá el resolutivo correspondiente.

Con esta propuesta, Michoacán se suma al llamado realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a modificar el marco legal para casos de esta naturaleza. El gobierno estatal mantiene la postura de que es necesario cerrar los vacíos legales que permiten la utilización de menores por parte de la delincuencia organizada.