Por Redacción

Nueva York, 21 de marzo de 2026.- La justicia federal en Estados Unidos dictó una condena de 22 años y cuatro meses de prisión contra Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, por su participación en el homicidio agravado del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, mientras se mantiene activa una investigación preliminar sobre posibles vínculos del presidente Gustavo Petro con estructuras de narcotráfico. Los hechos judiciales ocurrieron en el distrito de Nueva York, donde un tribunal determinó la responsabilidad penal del intermediario en el crimen que conmocionó a la política colombiana.

La sentencia impuesta a Pérez Marroquín cierra un capítulo significativo del caso relacionado con la muerte del legislador, en el cual también estuvieron involucrados Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, y Katherine Andrea Martínez Martínez, según los registros de los procesos legales. La Fiscalía colombiana ha seguido de cerca las actuaciones judiciales en territorio estadounidense que derivaron en esta pena privativa de libertad para el acusado principal por el delito de homicidio.

De manera paralela, reportes de prensa indican que fiscales estadounidenses llevan a cabo una indagación en fase temprana respecto al mandatario Gustavo Petro. Las autoridades evalúan supuestos contactos con redes de narcotráfico y posibles financiamientos irregulares durante su campaña presidencial, aunque hasta el momento no existen cargos formales en su contra ni se ha establecido que el presidente sea el objetivo central de la pesquisa.

La información disponible señala que la investigación sobre Petro se encuentra en un estadio inicial, sin que se hayan presentado públicamente pruebas concluyentes o evidencia concreta que vincule directamente al jefe de Estado con las actividades ilícitas bajo escrutinio. Medios internacionales como The New York Times han documentado la existencia de estas diligencias preliminares, enfatizando la falta de acusaciones oficiales al día de hoy.

Estos dos frentes judiciales marcan un momento complejo en las relaciones bilaterales y en el escenario político de Colombia, donde convergen una condena firme por un crimen de alto perfil y la sombra de una investigación abierta contra el ejecutivo. Las autoridades competentes en Nueva York continúan con los procedimientos legales establecidos, mientras se espera que se definan los alcances finales de la indagación relacionada con el financiamiento de la campaña presidencial.