Por Redacción

San Salvador, 20 de marzo de 2026.- El gobierno de El Salvador avanzó en la presentación de una propuesta legislativa para imponer prisión perpetua a menores de edad que cometan asesinatos o violaciones, ampliando el alcance de la reciente reforma constitucional aprobada el 17 de marzo por la Asamblea Legislativa. La iniciativa, impulsada por los ministros de Seguridad y Defensa, busca modificar el marco legal actual donde la condena máxima para adolescentes era de 60 años.

La propuesta surge como extensión directa de la enmienda constitucional que eliminó la prohibición histórica de la cárcel de por vida en el país, permitiendo ahora esta pena para “homicidas, violadores y terroristas” adultos. Las autoridades ejecutivas, encabezadas por el presidente Nayib Bukele, trabajan para equiparar las sanciones aplicables a menores en casos de extrema gravedad, aunque el texto específico del proyecto de ley y los límites de edad exactos para su aplicación no han sido detallados públicamente en esta fase inicial.

Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, y Francis Merino, titular de Defensa, han sido los funcionarios encargados de comunicar la intención del gobierno de someter esta norma a la aprobación legislativa en los próximos días. Ambas carteras han mantenido una postura firme respecto a la necesidad de endurecer las consecuencias penales ante la violencia, alineándose con la estrategia de seguridad que ha definido la administración actual.

Hasta la fecha, el sistema de justicia salvadoreño establecía un techo punitivo de 60 años de prisión incluso para los delitos más graves cometidos por personas menores de 18 años. La modificación de este límite representa un cambio sustancial en la doctrina legal del país, que anteriormente protegía constitucionalmente a los jóvenes de sentencias de duración vitalicia.

La reforma constitucional aprobada el martes anterior marcó el precedente necesario para esta expansión penal, al permitir explícitamente la cadena perpetua para adultos. Ahora, el debate se traslada al órgano legislativo, donde se discutirá la viabilidad jurídica y los detalles operativos de incluir a la población adolescente bajo este mismo régimen de sanción máxima.

Se espera que en los próximos días la Asamblea Legislativa reciba formalmente la iniciativa para su discusión y votación. La medida se inserta en un contexto de endurecimiento general de las penas en El Salvador, buscando cerrar lo que las autoridades perciben como vacíos legales en la persecución de crímenes violentos, independientemente de la edad del perpetrador.