Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La reforma electoral conocida como Plan B avanzó este miércoles en el Senado con el respaldo crítico del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyas bancadas confirmaron que 13 de sus 14 legisladores votarán a favor de la iniciativa. La modificación incluye la reducción del gasto electoral, límites a los presupuestos de los congresos locales y cambios sustanciales en el mecanismo de revocación de mandato, el cual podrá efectuarse en 2027 y 2028 permitiendo que el titular del Ejecutivo Federal se pronuncie durante el proceso.
Manuel Velasco Coello, líder del PVEM, confirmó la alineación de su partido con la agenda de Morena, destacando que la mayoría de su grupo parlamentario respaldará los cambios para optimizar recursos públicos. Por su parte, Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, indicó que la votación final está programada para los próximos días, mientras se ultiman detalles técnicos de la legislación que busca armonizar las normas federales con las iniciativas locales, como la anunciada por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.
El núcleo de la reforma contempla una reducción significativa en el financiamiento de los partidos políticos y la eliminación de regidores en los ayuntamientos, además de establecer un techo de 0.7 por ciento del presupuesto estatal para el gasto de los congresos locales. Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de Morena, enfatizó que estas medidas representan un ahorro administrativo considerable y fortalecen la democracia al vincular más directamente a los ciudadanos con la rendición de cuentas de sus gobernantes.
En cuanto a la revocación de mandato, el texto aprobado modifica las reglas para permitir que el proceso se active en los años 2027 y 2028, rompiendo con la restricción anterior que limitaba su aplicación a la mitad del sexenio. La nueva redacción faculta al presidente para emitir una postura formal durante la consulta, un punto que ha generado debate entre la oposición, representada en la cámara por diputados como Elías Lixa del PAN, quienes cuestionan la oportunidad política de la reforma.
Paralelamente a la discusión del Plan B, la Cámara de Diputados prepara la convocatoria para designar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en un movimiento que el oficialismo considera necesario para renovar la autoridad electoral. La estrategia legislativa del gobierno de Claudia Sheinbaum apunta a consolidar un marco jurídico que facilite la participación ciudadana y reduzca la carga financiera de los procesos democráticos, aunque críticos advierten sobre la concentración de poder en el ejecutivo.
La aprobación de este paquete legislativo marca un paso decisivo hacia la transformación del sistema electoral mexicano, con miras a los comicios federales futuros. Se espera que la promulgación de la ley ocurra antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, integrando así las nuevas reglas al calendario político que definirá la continuidad o interrupción del mandato presidencial en la próxima década.
