Por Redacción

Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, propuso un “decálogo de ajustes” para la reforma judicial, en medio de un estudio que revela que el Instituto Nacional Electoral ha gastado 242,378 millones de pesos entre 2018 y 2026. El análisis del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados detalla que para este año, el 39.3% del presupuesto del INE se destina al financiamiento de partidos políticos, mientras que tres capítulos de gasto concentran el 98.2% de su presupuesto total.

Las declaraciones de la ministra Esquivel se producen en un contexto de intenso debate sobre el funcionamiento y costo de las instituciones autónomas. La propuesta de ajustes busca, según indicó, mejorar la implementación de la reforma judicial aunque no especificó los detalles concretos de su decálogo.

Paralelamente, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García, emitió un comunicado advirtiendo sobre la injerencia de partidos políticos en “controversias políticas”, aunque sin identificar a los actores específicos involucrados en estos casos.

El estudio presupuestal revela la magnitud de los recursos asignados al organismo electoral, destacando que la mayor parte de su financiamiento se concentra en pocos rubros de gasto. Esta distribución ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia en el uso de recursos públicos en el sistema electoral mexicano.

El TEPJF, por su parte, ha promovido mecanismos alternativos de solución de controversias, aunque el magistrado Bátiz no proporcionó casos específicos donde estos mecanismos hayan sido aplicados exitosamente.

Estos desarrollos ocurren en medio de un amplio debate nacional sobre la autonomía, el costo y la eficiencia de los organismos constitucionales autónomos, particularmente aquellos relacionados con los procesos electorales y la impartición de justicia.

La coincidencia temporal de estas declaraciones y estudios refleja la creciente atención que reciben estas instituciones en la agenda pública, en un año donde los temas de transparencia y uso de recursos públicos ocupan un lugar central en el debate político nacional.