Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- Dieciocho congresos estatales han votado a favor de la reforma constitucional que disminuye las pensiones doradas en el sector público paraestatal, por lo que todo está listo para que en la sesión del próximo martes el Senado formule la declaratoria y la envíe al Diario Oficial de la Federación.

Andrea Becerril, de La Jornada, indicó que ello se debe a que hasta el momento se tienen ya los votos a favor de 18 legislaturas locales, que suman más de la mayoría simple requerida del total de las legislaturas locales del país para una reforma constitucional. Esto significa que a partir de abril, las pensiones millonarias de ex funcionarios de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera (Nafinsa) y otros organismos de banca múltiple se reducirán a 50 por ciento de la remuneración de la Presidenta.

Los congresos que aprobaron la reforma son: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La reforma fue aprobada por unanimidad en la mayoría de las legislaturas, y sólo en Baja California y Zacatecas por mayoría.

La reforma establece límites a los esquemas de jubilación financiados con recursos públicos en la administración paraestatal, en sus tres niveles de gobierno, tanto para las pensiones a futuro como las otorgadas con anterioridad. El ajuste a las pensiones millonarias actuales, con el que se espera un ahorro al erario de 5 mil millones de pesos anuales, será inmediato.

Un día después de publicada la reforma, las pensiones de tres directivos de LFC que sobrepasan el millón de pesos mensuales –un millón 77 mil pesos la más alta–, seis más que van de 919 mil a 980 mil pesos y, en general, de 600 ex funcionarios de esa empresa eléctrica extinta, superiores a 300 mil pesos, quedarán en cerca de 70 mil pesos mensuales. También se ajustarán pensiones de medio millón de pesos de ex funcionarios y ex líderes sindicales de CFE, y otras en Pemex, que sobrepasen los 70 mil pesos al mes.

Se ajustará la pensión de 120 mil pesos que desde hace 32 años recibe José Angel Gurría de Nacional Financiera. La nueva disposición no opera para las fuerzas armadas. El Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán un plazo de 90 días para revisar y, en su caso, adecuar el marco jurídico aplicable.

Trabajadores y sindicatos advierten que la reforma podría aplicarse retroactivamente, afectando derechos adquiridos. Óscar Hernández, del Semanario ZETA, señaló: “Parece que se pretende aplicar tal reducción retroactivamente, es decir, a los trabajadores que cumplieron con los requisitos de ley y obtuvieron su jubilación y por ende el pago de sus pensiones también son sujeto de tal reducción, afectando derechos adquiridos”.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) Nayarit alertaron sobre los riesgos de una aprobación exprés y identificaron inconstitucionalidades graves. “Cualquier límite adicional viola derechos ya adquiridos y constituye un acto ilegal”, señalaron. Además, existen opiniones encontradas sobre el alcance, pues mientras dirigencias del SNTE afirman que no habrá afectación a los maestros, la base desconfía de esas afirmaciones.