Por Redacción

Tijuana, 29 de agosto de 2026.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) abrió una carpeta de investigación tras el fallecimiento de un joven de 28 años en el centro de rehabilitación JIREH, perteneciente a la Patrulla Espiritual.

De acuerdo con la información recabada, la muerte de Richar Damián se registró el pasado 21 de agosto en las instalaciones del centro ubicado en la colonia Poblado Ejido Matamoros. La víctima había ingresado al lugar tres días antes debido a antecedentes relacionados con el alcoholismo.

Tras las primeras indagatorias, se determinó que el cuerpo presentaba hematomas en las piernas, así como una lesión en la frente y la barbilla. El Servicio Médico Forense estableció que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por sofocación derivada de la obstrucción exterior de los orificios respiratorios.

Jorge Álvaro Ochoa Orduño, presidente de la CEDHBC, informó que, además de la Fiscalía General del Estado, el organismo estatal inició su propio expediente. “En relación a este asunto del fallecimiento, se abrió un expediente en la comisión derivado a que se centra en un centro de rehabilitación; se ha ido a distintos centros y esperemos pronto tengamos una resolución al respecto”, declaró el funcionario.

Ochoa Orduño aseguró que constantemente se supervisan estos espacios para cerciorarse de que no se violen los derechos humanos y precisó que, hasta el momento, no se ha presentado otro fallecimiento dentro de un centro de rehabilitación perteneciente a la Patrulla Espiritual.

Registros indican que, bajo la administración del entonces alcalde con licencia de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, el centro de rehabilitación Jireh, dirigido por Jesús Ocaña, alias “Chiquilín”, recibió un recurso de 7 millones 200 mil pesos el pasado 26 de abril. El financiamiento provino del fideicomiso Fondos Tijuana mediante el programa “Salud Para Todos” y el esquema “Rescate y Vida Nueva”, con el objetivo presunto de otorgar 300 becas a personas en situación de vulnerabilidad y adicción.

El entonces edil defendió el proyecto argumentando que el programa enfoca la atención de adicciones como un tema de salud y que los procesos al interior de los centros corresponden a dinámicas propias de estas organizaciones. El esquema contempla proveer servicios de atención psiquiátrica y médica por tres meses, con posibilidad de extensión.