Por Redacción

Tijuana, 27 de agosto de 2026.- Cinco despachos de cobranza contratados mediante adjudicación directa o invitación restringida han recuperado cuentas de usuarios domésticos con retraso de tres meses, generando ingresos que superan los 400 millones de pesos tan solo en las cuentas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). Según el Semanario ZETA, estas empresas se distribuyen prácticamente los sectores de Tijuana y Playas de Rosarito para notificar y dar seguimiento al cobro del recurso hídrico.

De estos cinco despachos, dos pertenecen a hijos de José Luis Hernández Silerio, quien fue socio del ex secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez. La investigación identifica a Josel Hernández Barroso como propietario de la empresa BHA y Asociados, hermano de Luis Fernando y familiar de José Luis Hernández Silerio. Por estos servicios, tres de las cinco empresas cotejadas habrían cobrado un monto de 380 millones de pesos en lo que va de la administración, cifra que corresponde entre el 20 y 25 por ciento de la recaudación que se les atribuye.

El esquema actual presenta una diferencia clave respecto a la gestión anterior: los cinco despachos reciben 5 por ciento más de comisión que la misma Fisamex. El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda había criticado e iniciado investigaciones administrativas y penales contra Fisamex por medidas de extorsión al cobrar el 20 por ciento por derechos de conexión al sector industrial y comercial. Sin embargo, la actual administración ha decidido utilizar un esquema similar, aunque ampliado a toda la población y aplicado exclusivamente a usuarios domésticos.

La única diferencia señalada es que las comisiones de agua de Baja California utilizaron mecanismos mucho más suaves para evitar reclamos e inconformidad por parte de la ciudadanía. Esta estrategia busca recuperar hasta 265 mil cuentas rezagadas, lo que representa un estimado del 40 por ciento de usuarios que no pagan el servicio.

De acuerdo con información ofrecida por el entonces director de la CESPT en su comparecencia de diciembre de 2025, el organismo cuenta con un total de 750 mil usuarios activos, de los cuales 664 mil son domésticos, representando una demanda de 150 millones de metros cúbicos de agua. La dirección de la CESPT ha estado a cargo de Mónica Vega, así como previamente de Víctor Amador Barragán y Jesús García Castro.

El abogado Guillermo Rivera, uno de los principales perfiles que combatió mediante amparos los actos abusivos de Fisamex durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, refirió sobre este tipo de despachos de cobranza, aunque la investigación no detalla la conclusión de sus declaraciones.