Por Redacción

Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó la tarde de este lunes al penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de que la jueza Alejandra Ramírez de la Vega dictara prisión preventiva en su contra por su presunta participación en delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. Según reportes, Ruffo Appel y otros cuatro imputados llegaron al centro penitenciario a las 14:15 horas.

La detención del exmandatario se concretó el jueves 16 de julio en Ensenada, Baja California, tras un cambio de juzgadora. Previamente, el 22 de junio, el juez Mario Elizondo Martínez había negado la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, el 13 de julio, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega concedió dicha orden, la cual también alcanzó a otros 24 imputados, incluido Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, por los delitos de delincuencia organizada, un delito en materia de hidrocarburos y contrabando.

La audiencia inicial contra Ruffo Appel y otros siete presuntos implicados comenzó la noche del 17 de julio a las 22:00 horas vía videoconferencia ante la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. El procedimiento se extendió por más de 30 horas, aunque otras fuentes indican que duró 40 horas. Durante esta diligencia, la jueza determinó que la participación de Ruffo Appel “no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”, quien “organizó, coordinó y ejecutó un esquema ilícito”.

La fiscal Ernestina Godoy afirmó que con estas acciones se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”, la cual, según informó, causó una afectación al erario por más de 4,000 millones de pesos; otra fuente cifra el daño en 4,456 millones de pesos. La investigación tuvo origen en el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo realizado en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, y ha identificado la participación de 70 personas, incluyendo representantes aduanales y servidores públicos. La empresa Ingemar, de la que Ruffo Appel es accionista mayoritario, está vinculada a las indagatorias.

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier motivación política asegurando que es fruto de “una investigación que tiene un año”, y el secretario Omar García Harfuch precisó que aún faltan más aprehensiones, la defensa y actores políticos han expresado preocupaciones. Verónica Ruffo, hija del exgobernador, denunció un “trato indigno y humillante” y exigió “un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”.

Por su parte, Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Gobernación, criticó que la audiencia inicial se desarrollara “a puerta cerrada, sin prensa, sin público, sin familiares”, exigiendo transparencia bajo el argumento de que “la publicidad de las audiencias es control social sobre la justicia”. Asimismo, el PAN pidió respeto al debido proceso, y la Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada calificó el caso como una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”.

Respecto a los demás implicados, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur. La FGR informó que la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá el próximo martes 21 de julio.