Morón, 26 de junio de 2026.- El gobierno cubano liberó a Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, quien estaba recluido en la prisión de alta seguridad Canaleta en Ciego de Ávila. Organizaciones de derechos humanos confirmaron la salida del joven, identificado como el preso político más joven del régimen, quien pasó más de tres meses tras las rejas.

Muir Burgos fue detenido tras unirse a las manifestaciones del 13 de marzo en Morón, protestas provocadas por apagones paralizantes y escasez generalizada de alimentos. Las autoridades lo acusaron de ‘sabotaje’. Laritza Diversent, abogada y activista de derechos humanos exiliada en Estados Unidos, señaló que el grupo Cubalex había identificado a cuatro menores encarcelados por participar en dicha protesta, incluido Muir Burgos.

La liberación ha sido recibida con profunda cautela por las organizaciones de derechos humanos. Diversent advierte que este paso no representa el fin de la política represiva del régimen cubano contra las manifestaciones ciudadanas, sino una táctica recurrente de supervivencia política y liberaciones controladas de prisioneros. La activista insiste en que la salida del centro de detención Canaleta no debe interpretarse como un acto de justicia o un alivio definitivo, prefiriendo el término técnico ‘liberación bajo custodia’, ya que el menor permanece bajo el poder punitivo del estado.

“It is extremely worrying that the state uses criminal procedures to deprive minors of their liberty and send them to closed penitentiary centers”, declaró Diversent. La abogada añadió: “It is important, especially in the context of protests over the deterioration of the country’s conditions, to note that minors are often the ones taking on the role of demonstrating and that the state responds without regard for the legal and social characteristics of these youths”.

El caso de Muir Burgos expone la criminalización sistemática de menores que participan en protestas sociales en Cuba, un patrón punitivo que tomó forma tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Desde entonces, el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha usado el sistema judicial para sofocar el descontento social mediante sentencias duras y ejemplares, incluso dirigidas a adolescentes. Bajo el Código Penal cubano revisado en 2022, los adolescentes son responsables penalmente a partir de los 16 años.

Organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y Justicia 11J reportan que cientos de menores han sido sometidos a procesos previos al juicio o han sido sentenciados a detención, violando convenciones internacionales sobre protección de los derechos de los niños.