San Miguel Amatitlán, 14 de junio de 2026.- Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, fue asesinado el 13 de junio de 2026 por un comando armado. El alcalde había sufrido extorsión y amenazas previas, manifestando en ocasiones directas que temía por su vida, pero se negó a ceder ante las exigencias del crimen organizado.

Semanas antes del homicidio, el edil había sido víctima de un ataque y un secuestro virtual perpetrado por sujetos armados. Durante una mesa regional de seguridad celebrada el 11 de mayo, Bravo Martínez solicitó protección ante la situación de riesgo y se le prometió la asignación de escoltas, sin embargo, estas nunca llegaron a hacerse efectivas.

Tras el crimen, Jorge Romero señaló que se trata de “un alcalde más que no se dejó extorsionar por la delincuencia organizada”. Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) exigió a las autoridades federales, estatales y ministeriales “una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer este crimen, castigar a los responsables y garantizar que no quede impune”.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República informó que las autoridades federales mantienen coordinación permanente con el gobierno de Oaxaca para apoyar las investigaciones y detener a los responsables, asegurando que “no habrá impunidad”. Además, indicaron que han reforzado su presencia en la zona con un despliegue operativo para proteger a la población y fortalecer las labores de seguridad.

La Fiscalía de Oaxaca indicó que iniciará las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato del presidente municipal. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, condenó el hecho y afirmó que “su ejecución no es un hecho aislado”, calificándolo como una muestra de la violencia que gana terreno mientras el gobierno federal es “incapaz de garantizar seguridad y hacer valer la ley”.

Moreno agregó que “cada alcalde asesinado representa un ataque directo contra las instituciones democráticas y contra el derecho de las comunidades a vivir en paz”, advirtiendo que México no puede normalizar que los servidores públicos sean perseguidos por cárteles y que “la impunidad se ha convertido en el mejor aliado de los criminales”.