Tuxtla Gutiérrez, 29 de mayo de 2026.- Diputadas, autoridades electorales y organizaciones de la sociedad civil presentaron una iniciativa de reforma legal ante el Congreso de Chiapas con el objetivo de impedir el registro y acceso al cargo de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género.

La propuesta está encabezada por las diputadas Marcela Castillo Atristain y Elvira Catalina Aguiar Álvarez; la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Magali Anabel Arellano Córdova; la consejera María Magdalena Vila Domínguez, y la presidenta de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare), María Teresa Olvera Caballero.

La iniciativa plantea modificar los artículos 38 de la Constitución Política federal y 103 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Chiapas. La reforma establece que cualquier persona con sentencia firme emitida por autoridad jurisdiccional electoral o resolución definitiva por violencia política de género quedará suspendida en sus derechos político-electorales.

Con esta medida, una persona sancionada no podrá registrarse como candidata a un puesto de elección popular ni ocupar cargo público alguno. Además, el segundo componente de la iniciativa modifica la Ley de Medios de Impugnación para permitir la anulación total de una elección cuando se demuestre que durante el proceso alguna persona cometió violencia política en razón de género.

Se contempla una sanción adicional mediante la cual el partido político o la persona candidata responsable de dichas agresiones no podrá participar en la elección extraordinaria que se convoque. Con esto, las promoventes buscan que las reglas federales y locales queden alineadas para evitar vacíos legales que permitan la impunidad.

Las impulsoras subrayaron que una democracia auténtica exige que las mujeres participen en condiciones de igualdad, seguridad y libres de discriminación y violencia. “Con este esfuerzo, que combina el trabajo legislativo, el análisis de las demandas ciudadanas y la actividad académica, Chiapas avanza hacia una democracia más justa, donde la legalidad y el respeto a las mujeres sean la prioridad”, señalaron.