Londres, 11 de abril de 2026.- La organización benéfica Sentebale ha hecho pública una demanda presentada el 24 de marzo de 2026 ante el Tribunal Superior de Londres contra el príncipe Harry y Mark Dyer. En un comunicado datado el 10 de abril, la entidad acusa al duque de Sussex de ser “el artífice una campaña de comunicación adversa, con un significante impacto viral, que ha desencadenado una avalancha de ciberacoso contra la organización y sus dirigentes”.

La querella por difamación escrita o verbal señala que la campaña se ha caracterizado por la difusión de informaciones falsas con el objetivo de socavar las relaciones de Sentebale con su personal y socios actuales y potenciales. Según la organización, esta situación ha provocado la “desviación forzosa del tiempo y los recursos de los dirigentes hacia la gestión de una crisis de reputación”.

El conflicto tiene antecedentes en marzo de 2025, cuando Harry anunció su renuncia al patronato de Sentebale, fundada en 2006 en memoria de Diana de Gales para ayudar a personas con VIH y sida en países como Lesoto o Botsuana. Dicha salida respondió a una disputa interna entre el consejo de administración y su presidenta, Sophie Chandauka, quien había denunciado ante la Comisión de la Beneficencia supuestos abusos de poder, acoso, sexismo y racismo, calificando a la ONG como un “proyecto vanidoso” de Harry y el príncipe Seeiso de Lesoto.

Tras las denuncias de Chandauka, el consejo pidió su renuncia, pero en agosto de 2025 el regulador británico determinó, tras finalizar una investigación exhaustiva abierta en abril de ese año, que no existían pruebas generalizadas de acoso, intimidación o misoginia en Sentebale. Este fallo permitió que Sophie Chandauka continuara al frente de la entidad.

Frente a la nueva acción legal, un portavoz de Enrique y de Mark Dyer, quien ha sido administrador de Sentebale y es padrino de Archie, hijo de Harry, afirmó que ambos “rechazan categóricamente” las acusaciones. El representante calificó los señalamientos de “dañinas y ofensivas” y cuestionó que se utilicen fondos de la organización para emprender acciones legales “contra las mismas personas que la crearon y la apoyaron durante casi dos décadas”, en lugar de destinarse a las comunidades a las que la entidad fue creada para servir.