Ciudad De México, 10 de abril de 2026.- Las detenciones de inmigrantes en la vía pública se multiplicaron por once durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, lo que equivale a un incremento de más del 1,000%, según un análisis que compara los últimos seis meses de la Administración de Joe Biden (2021-2025) con los datos a marzo de 2026.

El reporte destaca que la probabilidad de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tuviera como objetivo a personas con antecedentes penales se redujo considerablemente. En contraste, hubo un aumento de más de ocho veces en el número de detenciones de personas sin antecedentes penales, registrando un alza del 770% en el segundo mandato de Trump. Bajo este gobierno, más del 70 por ciento de las personas retenidas en centros de detención no han sido condenadas por ningún crimen; quienes sí tienen convicciones, son en su mayoría por delitos menores, incluyendo violaciones de tráfico.

Este aumento en las detenciones se tradujo en un incremento de cinco veces en el número de deportaciones. La tasa de deportaciones ejecutadas en un plazo de dos meses tras la detención se duplicó, pasando del 27% al 57%, mientras que la liberación en un plazo de 60 días se convirtió en un suceso excepcional, ocurriendo solo en el 7% de los casos. Asimismo, las salidas voluntarias y los retornos se multiplicaron por 28, un fenómeno que el Reporte de la Universidad de California Berkeley describe como novedoso, sugiriendo que muchas personas optaron por desistir de sus casos.

Para financiar estas operaciones, el Gobierno de Donald Trump destinó más de 250 millones de dólares en Estados Unidos para programas de cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y departamentos de policías locales. Hasta la fecha, 976 departamentos de policía en todo el país han firmado estos acuerdos, recibiendo más de 100 mil dólares por departamento, con un bono adicional de 7,500 dólares por cada agente que entre en el programa y arreste a su primer migrante. Florida y Texas son los estados con más adhesiones, con 270 y 161 departamentos respectivamente.

La agresiva campaña de deportaciones ha generado incidentes violentos y controversias. Un conductor llamado Carlos Iván Mendoza Hernández fue herido por agentes del ICE cerca de la Interestatal 5 en Patterson, California. Todd Lyons, director interino de ICE, afirmó que los oficiales efectuaron disparos defensivos después de que Mendoza Hernández supuestamente intentara atropellar a un agente. Sin embargo, Patrick Kolasinski, abogado del inmigrante, negó que su cliente fuera miembro de la pandilla Calle 18, como alega Lyons, y presentó documentos que lo absuelven de una acusación en El Salvador. Kolasinski declaró: “Fue muy claro en este punto: que retrocedió (su vehículo) porque intentaba huir, dado que le estaban disparando”.

El clima de temor también ha tenido consecuencias fatales. Jesús Juárez Cruz, un inmigrante mexicano de 50 años, murió a finales de febrero sin acudir a un hospital por miedo a ser detenido. Su viuda, Guadalupe, relató: “We were afraid that ICE agents would come and take him away”. Desde que Trump regresó al poder, se han reportado agentes enmascarados entrando en hospitales para realizar arrestos, una práctica que había sido prohibida años atrás en estos espacios sensibles y que fue derogada como una de las primeras acciones del nuevo gobierno.

Organizaciones de defensa de migrantes señalan que estas políticas han “provoked fear in the community”. Felicity Rose, vicepresidenta de política de justicia penal de FWD.us, criticó que el programa de colaboración “incentiva el sesgo racial en la actuación policial y los arrestos por delitos menores”, mientras que el DHS defendió que la medida ayudaría a arrestar y deportar a “lo peor de lo peor, incluyendo asesinos, miembros de pandillas, violadores y terroristas”.