Torreón, 27 de marzo de 2026.- Víctimas de un presunto fraude inmobiliario conocido como el ‘Cártel Inmobiliario’ se manifestaron y bloquearon parcialmente la circulación en las inmediaciones de la Delegación Regional I de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Torreón, para exigir celeridad y justicia. El grupo, que inicialmente agrupaba a 27 personas, acusa a las autoridades de negarles atención adecuada y de permitir la impunidad de los involucrados, entre ellos el exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, quien según reportes huyó a España.

Carlos Rangel, delegado regional de la FGE en La Laguna, informó que hasta el momento se han presentado aproximadamente 60 denuncias formales y se han girado 12 órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados. El funcionario detalló que se estableció una estrategia de atención directa con más de 20 sesiones de trabajo, reportando la detención de al menos dos mujeres y la reaprehensión de otra persona, además de indicar que la mayoría de las carpetas de investigación ya están integradas y judicializadas.

No obstante, los afectados contradicen la versión oficial. Alfonso Serrano, uno de los manifestantes, acusó directamente al fiscal general Federico Fernández Montañez de obstaculizar el proceso, asegurando que les citan a las 9:00 horas para atenderlos hasta las 19:00 horas sin resultados concretos, y que no responden a las llamadas al número personal proporcionado. Serrano sostuvo que las órdenes de aprehensión carecen de utilidad si no se ejecutan, y denunciaron que, de las 60 denuncias, solo dos casos han sido realmente judicializados.

La discrepancia entre la autoridad y las víctimas es evidente. Mientras el delegado Rangel afirma que los acuerdos reparatorios son legales cuando la víctima los acepta y que hay avances sustanciales, los denunciantes hablan de una nula actuación y señalan que uno de los implicados ha sido detenido y liberado en tres ocasiones. El daño patrimonial reportado por las víctimas asciende a cerca de 19 millones de pesos.

La tensión en la zona de La Laguna persiste mientras las víctimas exigen la localización de los responsables que aún faltan por detener y una actuación más contundente por parte de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Los manifestantes mantienen su postura de que la estrategia actual es insuficiente para reparar el daño causado a las familias afectadas por este esquema fraudulento.