Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general, el 25 de marzo de 2026, la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece un tope a las jubilaciones y pensiones de ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas, con aplicación retroactiva.

La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue respaldada por las bancadas mayoritarias en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Según reportes de la sesión, la votación contó con respaldo amplio, aunque existen versiones distintas sobre el número exacto de votos emitidos.

El tope de pensión establecido en la reforma equivale a la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal. De acuerdo con una fuente consultada, este monto asciende aproximadamente a 70,000 pesos mensuales.

Durante el debate, la diputada Margarita Zavala sostuvo que la reforma viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Señaló que los senadores emitieron su voto con información imprecisa o falsa sobre los alcances del dictamen.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, dijo que, pese a la inconformidad, su bancada votaría a favor. Advirtió riesgos de retroactividad y omisiones relevantes en el dictamen. Nosotros estamos en contra de las pensiones doradas, pero Morena no está haciendo nada eficaz para eliminarlas, expresó.

La reforma excluye explícitamente de este tope a las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas con aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas. Entre las entidades públicas afectadas se encuentran Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, Banobras y Luz y Fuerza del Centro.

El avance de la iniciativa se desarrolló entre protestas de jubilados de empresas públicas que intentaron ingresar por la fuerza al Palacio Legislativo. La oposición advirtió sobre el posible efecto retroactivo de la medida, mientras grupos de jubilados manifestaron su rechazo en los accesos del recinto parlamentario.

Con esta aprobación en la Cámara baja, la reforma constitucional continúa su trámite legislativo para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que pondría en marcha las nuevas disposiciones sobre pensiones de exfuncionarios de confianza en el sector público mexicano.