Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en la celebración de un contrato irregular para la construcción de una planta fotovoltaica. La decisión judicial se emitió tras una audiencia que inició a las 09:23 horas del 23 de marzo, donde el magistrado Gerardo Anguiano Ceja determinó que existen elementos suficientes para investigar al exmandatario por los delitos relacionados con el acuerdo firmado con la empresa Next Energy.

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General del Estado de Baja California, el contrato en cuestión asciende a 4,500 millones de pesos y tiene una vigencia de 30 años. Las autoridades investigadoras señalaron que, derivado de este acuerdo, se realizó un pago inicial de 123 millones de pesos a la empresa contratista Next Energy, la cual nunca llevó a cabo la construcción de la planta de energía solar comprometida.

Durante el proceso legal, la defensa de Jaime Bonilla, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó argumentos para intentar evitar la vinculación. Sin embargo, el juez Anguiano Ceja consideró que los elementos aportados por la fiscalía cumplen con los requisitos legales para abrir una investigación formal en contra del exgobernador, quien ahora enfrenta proceso penal por este caso de corrupción.

El caso pone de manifiesto un conflicto político y legal en la entidad, dado que Jaime Bonilla, quien gobernó Baja California bajo la bandera de Morena entre 2019 y 2021, actualmente se desempeña como dirigente del Partido del Trabajo (PT). La administración actual, encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila, también de Morena, ha mantenido una postura de confrontación respecto a las acciones de gobierno de su predecesor.

La vinculación a proceso implica que Jaime Bonilla deberá responder ante la justicia por la presunta malversación de recursos públicos y el daño patrimonial al estado derivado del pago millonario a una empresa que no ejecutó la obra. La Fiscalía de Baja California continuará con la integración del expediente para determinar las responsabilidades finales y buscar la recuperación de los fondos públicos dispersos.

Este evento marca un precedente en la lucha contra la corrupción en la península, al someter a escrutinio judicial los contratos energéticos firmados durante administraciones recientes. La sociedad bajacaliforniana espera que el proceso judicial se desarrolle con transparencia y que se esclarezca el destino de los 123 millones de pesos entregados a Next Energy sin contraprestación alguna.