Washington, 25 de marzo de 2026.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebró este martes una audiencia clave para evaluar la legalidad de las nuevas restricciones al asilo implementadas por la administración de Donald Trump, en un contexto marcado por el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos del país y la deportación de personas protegidas por programas como DACA.

Durante la sesión, los magistrados, incluyendo al presidente John G. Roberts Jr. y a Amy Coney Barrett, escucharon argumentos sobre la conformidad de estas medidas con la ley federal. La postura del gobierno fue defendida por Vivek Suri, asistente del fiscal general, quien buscó justificar el endurecimiento de los criterios para otorgar protección a migrantes. Paralelamente, la tensión operativa se refleja en las acciones de ICE, cuya presencia en terminales aéreas ha intensificado las detenciones, aunque las cifras exactas de personas retenidas en este despliegue no han sido divulgadas oficialmente.

Las contradicciones entre las órdenes judiciales y las políticas ejecutivas quedaron en evidencia con el caso de María de Jesús Estrada Juárez, migrante mexicana con estatus DACA. La jueza federal Dena Coggins emitió una orden para su regreso a Estados Unidos, contradiciendo la tendencia general de deportaciones impulsada por la Casa Blanca. Otros casos reportados incluyen el de Sebastián Renoj y Mariza Marín, quienes figuran en los registros de los procesos migratorios actuales.

En respuesta a la crisis humanitaria y diplomática, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación encabezada por Rosa Icela Rodríguez, ha activado mecanismos de apoyo para los connacionales retornados. Según informes oficiales, el programa ‘México te Abraza’ ha atendido a 189,830 mexicanos hasta el 18 de marzo de 2026. Por su parte, Mariza Marín, directora del Puerto de San Ysidro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ha emitido comunicados respecto al flujo en la frontera, mientras asesores del trumpismo, como Tom Homan, mantienen una postura de línea dura en declaraciones políticas.

El escenario jurídico sigue siendo incierto, pues el resultado final y la votación específica del Tribunal Supremo sobre la política de asilo aún no se han dado a conocer, reportándose únicamente una inclinación favorable durante la audiencia. Mientras se define el fallo, persisten demandas legales, como la presentada en Minnesota que cuestiona las acciones de agentes de ICE, y discrepancias sobre la transparencia y efectividad de los programas de asistencia reportados por las autoridades.