Veracruz, 25 de marzo de 2026.- Organizaciones ecologistas, legisladores y comunidades costeras denuncian un derrame de hidrocarburos que afecta 630 kilómetros de litoral en el Golfo de México, con registros de al menos 51 sitios impactados entre Veracruz y Tabasco, así como la muerte de 12 animales marinos, situación que contrasta con las declaraciones de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien asegura que las playas se encuentran limpias y que solo se trató de “gotas”.

De acuerdo con reportes de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y Greenpeace, el vertimiento comenzó a detectarse entre el 1 y 2 de marzo de 2026. La extensión del daño abarca 42 localidades en Veracruz y nueve en Tabasco. Entre los daños ecológicos confirmados por los grupos de vigilancia se encuentran siete tortugas marinas, dos delfines, dos manatíes y un pelícano fallecidos a causa de la contaminación.

La discrepancia en la evaluación del desastre es marcada. Mientras Petróleos Mexicanos informó el 19 de marzo que las labores de limpieza tenían un avance del 85 por ciento, la Red Corredor Arrecifal sostiene, basada en reportes comunitarios, que la cobertura de atención es desigual y que el arribo de petróleo a las costas continúa. Pescadores de Pajapan, Veracruz, han reportado la suspensión de sus actividades debido a la presencia de hidrocarburos, afectando también al sector turístico de la región.

Ante la gravedad de los reportes, legisladores de Movimiento Ciudadano, entre ellos la diputada Laura Ballesteros y el diputado Sergio Gil, exigen la activación inmediata del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y la instalación de una mesa de crisis interinstitucional. Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana, y otros actores de la sociedad civil han elevado la voz para demandar acciones concretas de las autoridades federales y estatales.

La situación ha trascendido las fronteras de Veracruz; se han detectado manchas de hidrocarburos en Tamaulipas, lo que ha obligado a las autoridades de ese estado a intensificar la vigilancia en sus costas. La presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Andrea González Hernández, y el Procurador Estatal del Medio Ambiente de Veracruz, Ángel Carrizales López, son los funcionarios involucrados en la gestión de esta crisis ambiental.

El activista Obet Hernández y diversos colectivos mantienen la presión para que se reconozca la magnitud real del evento, frente a la postura oficial que busca minimizar las consecuencias. La controversia entre los datos técnicos presentados por las organizaciones civiles y las declaraciones gubernamentales marca el desarrollo de esta crisis ecológica en el litoral mexicano.