Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados programó sesionar después del receso de Semana Santa para analizar la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y senador, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche de presunto peculado y ejercicio indebido del servicio público por 83 millones de pesos.
Hugo Eric Flores, diputado morenista y presidente de la Comisión Instructora, confirmó que el órgano legislativo tiene la obligación de sesionar antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias. El legislador indicó que la reunión se llevará a cabo seguramente después del descanso vacacional, con el objetivo de no entorpecer la discusión de la reforma electoral conocida como “Plan B”.
La acusación formal fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, que imputa a Moreno Cárdenas responsabilidades penales derivadas de su gestión como gobernador de dicha entidad entre 2015 y 2019. El proceso de desafuero es el mecanismo legal necesario para retirar la inmunidad parlamentaria al senador y permitir que avance un juicio penal en su contra.
De manera paralela al proceso penal actual, existen antecedentes administrativos sobre las cuentas públicas de su sexenio. Reportes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalan que en enero de 2022, tres años después de que Moreno dejó la gubernatura, aún estaban pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos, lo que representaba el 98 por ciento del total de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes a 2018.
Análisis de datos periodísticos indican que durante la gestión de David Colmenares al frente de la ASF, el proceso de revisión de las cuentas de Moreno Cárdenas fue considerado benévolo en los últimos años, logrando que al priista le fueran perdonadas o solventadas algunas de las cuentas pendientes. De las irregularidades detectadas originalmente por más de 3 mil 435 millones de pesos, más de 2 mil 700 millones fueron objeto de perdón o solventación posterior.
La decisión de la Comisión Instructora de retomar el expediente tras las festividades religiosas marca el siguiente paso en el procedimiento jurídico-legislativo. La resolución de este cuerpo determinará si existe causa para proceder penalmente contra el líder nacional del PRI, quien enfrenta simultáneamente el escrutinio por las discrepancias financieras de su pasado gobierno y la acusación específica de peculado por 83 millones de pesos.
