Por Redacción

Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- A un año de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el sistema de rendición de cuentas en México muestra una caída superior al 88% en la resolución de recursos de revisión. Mientras que en 2024 el organismo extinto resolvió 53,233 casos, su sucesor, Transparencia para el Pueblo, apenas atendió 5,921 recursos desde su inicio de operaciones en marzo de 2025, según datos oficiales que evidencian una drástica reducción en la capacidad de respuesta del Estado frente a las solicitudes ciudadanas.

La contrarreforma que eliminó al INAI el 20 de marzo de 2025 transfirió sus facultades a la Secretaría de la Función Pública bajo la nueva entidad denominada Transparencia para el Pueblo, la cual comenzó a operar formalmente en junio de 2025. En el primer trimestre de 2025, el antiguo INAI aún logró resolver más de 8,000 recursos antes de su desaparición definitiva, periodo en el que también recibió un millón de solicitudes de información durante todo el año 2024. La comparación de cifras subraya el colapso operativo del nuevo modelo de transparencia implementado por el gobierno federal.

Julieta del Río, excomisionada del INAI, señaló que actualmente no existe manera de evaluar el desempeño del nuevo órgano de rendición de cuentas debido a la falta de datos públicos sobre su operación. Esta opacidad se suma a las controversias recientes sobre el acceso a la información en instituciones clave como el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual intentó clasificar como reservada por cinco años la información relativa a un contrato de seguridad.

El conflicto surgió cuando el medio de comunicación La Silla Rota solicitó la transparencia del contrato INE/050/2025 mediante un recurso de revisión. Dicho acuerdo contempla la instalación de más de 300 cámaras de videovigilancia en ocho edificios y 32 juntas locales del organismo electoral. El INE argumentó inicialmente que la divulgación de estos datos ponía en riesgo la seguridad nacional y la integridad de su personal, alegando que su equipo de seguridad no se había actualizado desde 2008 y era inadecuado para las condiciones actuales de violencia.

Sin embargo, el Órgano Interno de Control (OIC) determinó que el contrato no revela aspectos técnicos ni detalles de infraestructura que pudieran comprometer la seguridad nacional, ni la vida, seguridad o salud de persona física alguna, ordenando la revocación de la reserva de información. Esta decisión marca un precedente sobre los límites de la clasificación de datos en el nuevo esquema de transparencia, donde las unidades de transparencia de los organismos autónomos mantienen la facultad de reservar información, pero están sujetas a la revisión del OIC.

La reducción en el número de recursos resueltos y las disputas sobre el acceso a contratos públicos reflejan los desafíos estructurales que enfrenta la transparencia en México tras la desaparición del INAI. Mientras las autoridades defienden la nueva arquitectura administrativa, críticos y expertos advierten sobre la pérdida de autonomía y la disminución en la garantía del derecho de acceso a la información para la ciudadanía.