Por Redacción

Boston, 21 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este viernes una demanda federal contra la Universidad de Harvard por presunta discriminación antisemita, en lo que representa la tercera acción legal de la Administración del presidente Donald Trump contra la institución educativa. La querella busca recuperar subvenciones federales por miles de millones de dólares otorgadas a la universidad.

La demanda se enmarca en el conflicto generado por protestas propalestinas y antiisraelíes ocurridas en el campus principalmente durante 2023 y 2024, tras el ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre. Según la acusación, estudiantes judíos e israelíes fueron objeto de acoso y agresión durante las manifestaciones, incluyendo un campamento antiisraelí que permaneció 20 días en la institución.

Esta acción judicial sigue a una amenaza previa formulada en febrero de 2025, cuando el gobierno federal intentó retirar fondos a Harvard, medida que fue bloqueada por un juez. El Departamento de Justicia ahora retoma la vía legal para exigir responsabilidades a la universidad por los incidentes alegados en sus instalaciones.

La Universidad de Harvard ha mantenido su posición institucional frente a las acusaciones, aunque no se ha detallado su respuesta legal formal ante el tribunal federal de Boston donde se presentó la demanda. La institución educativa enfrenta así un nuevo desafío jurídico que pone en riesgo su financiamiento federal.

El conflicto refleja la tensión política y social que se ha generado en campus universitarios estadounidenses alrededor del debate sobre Israel y Palestina. La Administración Trump ha hecho de la protección de estudiantes judíos una prioridad de su política educativa, utilizando mecanismos legales para presionar a instituciones que considera no han garantizado su seguridad.

La demanda marca un precedente en la relación entre el gobierno federal y universidades privadas, estableciendo que la recepción de subvenciones públicas está condicionada al cumplimiento de normas antidiscriminatorias. El caso será seguido de cerca por otras instituciones de educación superior que recibieron financiamiento federal durante el periodo de las protestas.