Por Redacción

Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que absolvió a Pío López Obrador de las acusaciones derivadas de los videos donde aparece recibiendo dinero en sobres amarillos, calificando la decisión como un resultado legal que debe ser respetado, mientras que el periodista Carlos Loret de Mola, quien difundió dicho material, denunció que se trata de una venganza del régimen y un alineamiento de instituciones para exonerar al implicado.

Durante su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que el órgano electoral cuenta con mecanismos propios para revisar posibles violaciones a las leyes y que su resolución indica que no se cometió delito alguno. “Pues ya dijo el Tribunal Electoral que no cometió ningún delito”, afirmó Sheinbaum, añadiendo que corresponde analizar los fundamentos en los que se basó el tribunal para llegar a dicha conclusión, manteniendo una postura de respeto a la autonomía de la institución.

Por su parte, Carlos Loret de Mola rechazó categóricamente la absolución y alertó sobre riesgos a su seguridad. El periodista sostuvo que todas las instituciones del Estado relacionadas con el caso se han alineado para proteger a Pío López Obrador. “Esta es una venganza del régimen”, declaró Loret de Mola, quien en 2020 hizo públicos los videos grabados por David León, donde se mostraba la recepción de recursos que, según el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, estaban destinados a Morena.

En medio de la controversia, se ha informado que existen demandas por daño a la imagen por 200 millones de pesos cada una, presentadas contra LatinUS y contra el propio Carlos Loret de Mola. Estas acciones legales representan una presión económica significativa para el medio de comunicación y el periodista, quienes mantienen su postura de que los hechos mostrados en las grabaciones eran inabsolvibles desde una perspectiva factual.

Medios de análisis como López-Dóriga Digital han cuestionado la naturaleza de la decisión judicial, describiendo al organismo como un “tribunal constitucional a la medida” que logró absolver lo que consideraban evidente. Esta divergencia de opiniones marca el contraste entre la validación oficial del proceso electoral y la percepción de sectores críticos que ven en la resolución un acto de impunidad orquestado desde el poder.

El caso, que remonta sus orígenes a 2020, vuelve a colocar en el debate público la transparencia de los recursos políticos y la independencia de los órganos electorales. Mientras la administración de Sheinbaum cierra el tema avalando la sentencia del TEPJF, las acusaciones de Loret de Mola y las demandas civiles pendientes mantienen abierta la disputa sobre la veracidad y las consecuencias de los videos que mostraron la entrega de efectivo al hijo del expresidente.