Por Redacción

Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exoneró a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, de las acusaciones por financiamiento ilícito a favor del partido Morena. La resolución, emitida entre el 18 y 19 de marzo de 2026, pone fin definitivo al caso que se originó en agosto de 2020, concluyendo que no existen pruebas contundentes para sancionar al implicado, a pesar de la circulación de material videográfico que lo muestra recibiendo dinero en efectivo.

El caso tiene su origen en la difusión de videos grabados en 2015 en el estado de Chiapas, donde Pío López Obrador aparece recibiendo sobres con dinero de David León Romero. En las imágenes se mencionan montos de 1 millón de pesos y 400 mil pesos. Aunque el implicado ha declarado públicamente no haber cometido ninguna falta o delito, la evidencia visual fue el eje central de las investigaciones iniciadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y medios de comunicación como Latinus, dirigido por Carlos Loret de Mola.

La trayectoria legal del asunto incluyó múltiples instancias. El INE cerró su investigación en 2021 argumentando la prescripción de las faltas. Posteriormente, en octubre de 2022, la Fiscalía General de la República archivó el caso penal por falta de elementos para integrar un delito. Pío López Obrador había impugnado las acciones en su contra ante el TEPJF desde octubre de 2020, buscando limpiar su nombre ante las acusaciones que afectaban su prestigio.

La reciente resolución de la Sala Superior del TEPJF marca el cierre definitivo del litigio. Los magistrados determinaron que los videos y las fuentes periodísticas no constituían pruebas suficientes para demostrar un financiamiento ilícito formal, destacando la falta de rastreo del dinero como un factor clave para la decisión. Esta conclusión contrasta con la percepción pública generada por la evidencia visual, la cual fue enfatizada por periodistas que cubrieron el caso durante los últimos años.

Entre los actores involucrados en este proceso figura la magistrada Mónica Soto, quien participó en la deliberación del caso. La exoneración llega en un contexto donde Pío López Obrador mantiene una demanda por afectaciones a su prestigio contra el periodista Carlos Loret de Mola, cuyo estado actual no fue detallado en la resolución del tribunal electoral, pero que forma parte de la disputa legal derivada de la difusión original de los videos.

Con esta decisión, se cierra un capítulo legal que se extendió por casi seis años, desde la aparición de los primeros reportes en 2020 hasta la sentencia de 2026. El fallo del TEPJF elimina cualquier remanente de responsabilidad electoral para Pío López Obrador, consolidando la postura de su defensa que negó sistemáticamente la comisión de ilícitos, aun cuando la existencia de los videos con entrega de efectivo permaneció como un elemento no desmentido en el registro público del caso.