Por Redacción

Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La coordinación de Morena en el Senado anunció que la votación del denominado ‘Plan B’ de la reforma electoral podría realizarse el próximo miércoles 25 de marzo, con el objetivo de concluir el proceso legislativo antes del receso de Semana Santa. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, genera división entre los aliados que mantienen reservas internas y la oposición que la califica de un intento de control político.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de los senadores de Morena, aseguró que existe la intención de someter a votación la reforma constitucional en el pleno la próxima semana, aunque fuentes legislativas indican que aún no hay una confirmación oficial definitiva sobre la fecha exacta. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) han manifestado su apoyo general a la agenda, pero han expresado dudas puntuales respecto a mecanismos como la revocación de mandato.

La oposición ha endurecido su discurso contra la propuesta. Manuel Añorve Baños, senador del PRI, calificó la iniciativa como el ‘Plan Maduro’, equiparándola con medidas autoritarias. Por su parte, Elías Lixa Abimerhi, diputado federal, criticó que la reforma no generará ahorro alguno, sino un incremento en el gasto público al obligar a aproximadamente 1,100 municipios a ampliar el tamaño de sus cabildos, mientras que solo 56 localidades verían una reducción.

De acuerdo con los datos analizados, la implementación de la reforma implicaría la creación de cientos de nuevas regidurías. En el caso específico de Yucatán, se estima que el 74% de los municipios tendría que expandir su cabildo, lo que derivaría en 221 cargos adicionales. Estos números alimentan las críticas sobre la viabilidad financiera y la oportunidad política de la medida en el contexto actual.

Columnistas y analistas políticos han señalado que la inclusión de la revocación de mandato en el ‘Plan B’ carece de procedencia constitucional, dado que no se ha configurado una ‘pérdida de confianza’ hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, requisito indispensable para activar dicho mecanismo. Mientras se definen los detalles de las leyes secundarias y se confirma la votación, el debate en el Senado se centra en la tensión entre el fortalecimiento de la participación ciudadana y los riesgos de centralización del poder ejecutivo.