Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias legales contra funcionarios actuales y exdirectores de la institución, así como miembros del Consejo de Arqueología, por presuntos daños irreparables al patrimonio maya durante la construcción del Tren Maya. Las acusaciones, calificadas como “crímenes de lesa arqueología”, señalan el uso de dinamita y maquinaria pesada para destruir estructuras históricas bajo el argumento de proyectos de desarrollo.
Entre los señalados figura Diego Prieto, exdirector del INAH, a quien se acusa de respaldar e impulsar las acciones vinculadas al proyecto ferroviario. También están en la mira funcionarios en activo como Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo, y Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del Tren Maya. Jesús E. Sánchez, arqueólogo del instituto, informó que definirán los aspectos legales para iniciar los procedimientos contra los responsables internos antes de escalar las responsabilidades a otros actores.
Las denuncias se centran en el proyecto de los “Parques de la Memoria”, específicamente en el parque Balam Tun, donde se alega que no hubo un rescate arqueológico legítimo, sino una simulación que derivó en la destrucción de estructuras originales. Según los especialistas, se realizó una “deconstrucción” del parque que implicó desmantelar y recombinar piezas arqueológicas, alterando su contexto histórico y valor científico. Se cuenta con videos que documentan explosiones de dinamita y el uso de retroexcavadoras en zonas sensibles.
Fernando Cortés de Brasdefer, arqueólogo del INAH, señaló que más de 62,000 estructuras mayas no han sido recuperadas adecuadamente hasta 2026. Además, se reporta que 47 monumentos supuestamente restaurados en el proyecto de Chetumal y 36 monumentos reubicados en el parque Balam Tun fueron objeto de intervenciones irregulares. Los denunciantes, agrupados en el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, aseguran que estas prácticas representan un grave precedente para el patrimonio histórico del país.
La controversia revela un conflicto interno dentro del INAH, la institución encargada de proteger el patrimonio nacional. Los investigadores argumentan que las acciones se realizaron bajo la justificación de avanzar con las obras del Tren Maya, priorizando la infraestructura sobre la conservación científica. La expectativa es que las denuncias formales se presenten ante autoridades competentes en los próximos días, buscando establecer responsabilidades administrativas y penales.
Este caso pone de manifiesto la tensión entre el desarrollo de grandes proyectos gubernamentales y la preservación del legado cultural en México. Mientras las autoridades del Tren Maya han promovido la obra como un motor de desarrollo para el sureste, la comunidad científica alerta sobre el costo irreversible que implica la pérdida de contextos arqueológicos no documentados y la mutilación de monumentos milenarios.
