Por Redacción

México, 19 de marzo de 2026.- La iniciativa del Plan B de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado generó divisiones entre los partidos políticos, con críticas del PAN sobre supuestas “torpezas vulgares” y reservas internas en el PT respecto a la fecha de la revocación de mandato. El debate se centra en recortes presupuestales progresivos del 15% al Instituto Nacional Electoral (INE), topes salariales para consejeros y cambios en la integración de ayuntamientos que afectarían a 1,145 municipios.

Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado, calificó como “farsa” la propuesta de revocación de mandato y señaló que el Plan B “no resuelve el dinero del narco en elecciones ni la sobrerrepresentación de Morena”. El panista advirtió sobre “torpezas vulgares” como eliminar la paridad en ayuntamientos y cuestionó que la iniciativa busca influir en los comicios de 2027.

Dentro del Partido del Trabajo surgieron posturas divergentes. Benjamín Robles, dirigente nacional, anunció respaldo al Plan B pero con reservas sobre la fecha de la revocación, prefiriendo 2028 en lugar de 2027 para “evitar riesgos a la equidad”. En contraste, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre aseguró que respaldará íntegramente la iniciativa y votará a favor.

El diputado Rubén Moreira alertó sobre un “retroceso democrático” al permitir la participación del Ejecutivo en campañas mediante la revocación y señaló que los cambios en regidurías afectarían a 56 municipios con reducción de representación y 1,089 con aumento, lo que generaría mayores costos operativos.

El INE defiende su autonomía presupuestal y los salarios de sus consejeros, que actualmente perciben 262 mil pesos brutos mensuales, mientras la propuesta del Plan B establecería un tope de 134 mil pesos. Los choques por el presupuesto y salarios entre el instituto electoral y el poder Ejecutivo se arrastran desde 2018.

La reforma se discute en un contexto donde la revocación de mandato ya fue utilizada en 2022, siendo criticada por algunos sectores como un instrumento de promoción política rather que un mecanismo de participación ciudadana. El debate continuará en el Senado con la postura oficial de Morena y el PVEM aún por definirse completamente.