Por Redacción

Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua, rompiendo con una prohibición histórica en la carta magna del país centroamericano. La iniciativa del gobierno de Nayib Bukele, respaldada por 59 votos a favor y solo uno en contra, fue impulsada como parte de la estrategia de seguridad contra pandillas y crimen organizado.

La reforma fue presentada con 57 firmas de diputados, diez más de las requeridas, y contó con el respaldo casi unánime del oficialista partido Nuevas Ideas, que controla la cámara con 60 escaños. Según fuentes legislativas, el proceso se desarrolló de manera rápida y sin estudio o debate previo, reflejando el amplio control del gobierno en el poder legislativo.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y la diputada Suecy Callejas del partido oficialista fueron algunos de los principales promotores de la iniciativa. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, dirigió la sesión donde se aprobó la modificación constitucional que permitirá imponer penas de prisión perpetua por delitos graves.

La medida se enmarca en el contexto del estado de excepción vigente desde marzo de 2022, que ha sido prorrogado continuamente como parte de la ofensiva gubernamental contra la criminalidad. Esta reforma representa un cambio radical en la política penal salvadoreña, que tradicionalmente había excluido las penas perpetuas de su sistema jurídico.

Pese a la abrumadora mayoría a favor, la reforma constitucional requiere aún una ratificación en una futura sesión plenaria para entrar en vigencia definitiva. El gobierno ha señalado que esta medida forma parte de un paquete más amplio de reformas legales destinadas a fortalecer el combate a la delincuencia organizada.

La aprobación de la cadena perpetua en El Salvador marca un precedente significativo en la región centroamericana, donde las constituciones de varios países mantienen prohibiciones similares contra las penas perpetuas. La medida ha generado debate sobre su impacto en los derechos humanos y el sistema penitenciario del país.