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Jueza reabre investigación contra exvicealmirante por huachicol fiscal

Por Redacción

La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Una jueza federal ordenó reabrir por tres meses la investigación penal contra el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de integrar una organización criminal dedicada al huachicol fiscal, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) se negó reiteradamente a facilitar el acceso completo a la carpeta de investigación, vulnerando su derecho de defensa. La magistrada Mariana Vieyra Valdés, del Centro de Justicia Penal Federal, resolvió este mes ampliar el plazo para investigación complementaria en la causa penal 325/2025, tras un recurso de la defensa que alegó opacidad procesal.

El caso involucra el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas en marzo de 2025, presuntamente vinculado a la organización ‘Los Primos’, que operaría desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Farías Laguna, quien se encuentra recluido en el penal del Altiplano, había enviado una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum denunciando violaciones procesales, aunque los detalles específicos no se han hecho públicos.

La FGR incumplió un plazo de cinco días para transparentar el expediente, según los medios que documentaron el caso, lo que llevó a la intervención judicial. El despacho Epigmenio Mendieta, defensa del imputado, logró una tutela de derechos que obliga a la fiscalía a permitir el acceso total a las evidencias durante el nuevo periodo de investigación.

El hermano del exvicealmirante, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, también está implicado en el caso pero se encuentra prófugo. Las acusaciones señalan que los hermanos habrían liderado una red de contrabando de combustible desde puestos estratégicos en la marina y aduanas.

La reapertura del caso refleja tensiones recurrentes entre el poder judicial y la FGR por opacidad en procesos de alto impacto, particularmente en delitos de corrupción y organized crime que involucran a exfuncionarios y militares. Los próximos tres meses definirán si la fiscalía presenta cargos consolidados o si la defensa encuentra insuficiente la evidencia para sostener la acusación.