Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes su “Plan B” de reforma electoral ante el Senado, una iniciativa que busca reducir el número de regidores municipales, imponer topes salariales a funcionarios electorales y modificar las reglas para la revocación de mandato. La propuesta llega después de que el Congreso rechazara una reforma constitucional más amplia, conocida como “Plan A”, y ha generado apoyo inmediato de sus aliados en Morena y el PVEM, pero también fuertes críticas de la oposición, que la califica de “regresiva”.
El paquete de cambios, que debe ser aprobado antes de septiembre de 2026 por una restricción constitucional, plantea reducir el número de regidores por municipio, pasando de un rango de 7 a 15, e impone un tope del 0.7% del presupuesto estatal para el gasto de los congresos locales. Además, elimina el principio de paridad de género en las regidurías, un punto que ha sido señalado como controversial. En materia de fiscalización, la iniciativa se presenta en un contexto donde la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) ya inició 741 carpetas de investigación durante 2025.
Uno de los aspectos más polémicos es la modificación a las reglas de la revocación de mandato presidencial. La propuesta permitiría a la titular del Ejecutivo hacer campaña para promover su continuidad y adelantaría el proceso al tercer año de gobierno, en lugar del cuarto. El senador de Morena, Ricardo Monreal, defendió la medida como parte de un paquete más amplio que incluiría una reforma judicial complementaria. “Es una reforma de austeridad y modernización”, declaró.
Sin embargo, la iniciativa no está exenta de contradicciones internas. Mientras el líder del PVEM, Manuel Velasco, anunció un apoyo unánime de su bancada, el senador Luis Armando Melgar no ratificó su voto y solicitó una revisión previa del texto. Por otro lado, la oposición, encabezada por la senadora del PAN Kenia López Rabadán, arremetió contra la propuesta. “Promueven austeridad para los municipios, pero autorizan a la Presidenta a hacer campaña con recursos públicos no especificados. Es un doble discurso”, señaló.
El contexto político es clave. Esta “Plan B” es una respuesta directa al fracaso legislativo de la reforma constitucional que buscaba una transformación más profunda del Instituto Nacional Electoral (INE). Su destino ahora depende de las negociaciones en el Senado, donde Morena y sus aliados necesitan consolidar los votos. La posición oficial del Partido del Trabajo (PT) y el impacto presupuestal exacto de las medidas aún no se han detallado públicamente, dejando interrogantes sobre la viabilidad final del paquete en un escenario político polarizado.
