Por Redacción
La República., 17 de marzo de 2026.- El gobierno de Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan B”, centrada en medidas de austeridad y recortes, luego de que la Cámara de Diputados rechazara una reforma constitucional más amplia. La propuesta incluye la reducción del número de regidurías municipales, un tope presupuestal para congresos locales y la elección de 850 juzgadores del Poder Judicial en 2027.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó la iniciativa durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” desde Palacio Nacional. El “Plan B” se enfoca en aspectos que no requieren una reforma constitucional o que podrían tener mayor consenso, enmarcándose en la política de “austeridad republicana” de la administración.
Entre las medidas concretas destacan la reducción de regidurías municipales a un máximo de 15 y un mínimo de 7, un tope presupuestal para los congresos locales del 0.7% del gasto estatal, y una reducción progresiva de hasta el 15% en los gastos del Senado de la República. Además, se mantiene la elección por voto popular de los juzgadores para el año 2027.
La iniciativa surge como respuesta al rechazo legislativo de una reforma constitucional propuesta previamente por Sheinbaum, que buscaba, entre otros puntos, reducir el número de legisladores plurinominales y modificar el financiamiento a los partidos políticos. El “Plan B” representa un ajuste táctico del gobierno para avanzar en su agenda de transformación del sistema político.
La propuesta ya generó reacciones políticas inmediatas. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, se pronunció al respecto, aunque la investigación no detalla la postura oficial y detallada de otros partidos como Morena, PAN, PRI, PRD, PT o PVEM. Tampoco se conoce el monto específico de ahorro que se proyecta con las medidas de austeridad.
El contexto indica que siempre existió un “Plan B”, según algunas fuentes, lo que contradice la narrativa de que es una respuesta improvisada al rechazo de la reforma original. La decisión de realizar la elección de juzgadores en 2027 también resuelve una discusión previa, ya que fuentes partidistas habían analizado la posibilidad de posponerla hasta 2028.
El siguiente paso será el debate y eventual votación de la iniciativa en el Senado de la República, donde se medirá el nivel de consenso político en torno a estas medidas de austeridad y reestructuración del gasto en el ámbito electoral y de justicia.
