Por Redacción



Ciudad de México, 12 de febrero de 2026.- Un juez del Centro de Justicia Penal Federal determinó imponer prisión preventiva justificada a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, tras vincularlo a proceso por el presunto desvío de cinco millones de pesos provenientes del Fondo para Apoyo a Personas con Discapacidad, hechos que habrían ocurrido durante su administración estatal y que ahora representan un obstáculo jurídico para su libertad, prevista originalmente para abril del presente año.

La medida cautelar fue decretada durante una audiencia inicial celebrada en el Reclusorio Norte de la capital del país, donde la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, presentó los argumentos sobre el presunto desvío de recursos federales destinados a subsidios para personas vulnerables. Los representantes del Ministerio Público señalaron ante el órgano jurisdiccional que el exmandatario habría utilizado su cargo para desviar recursos hacia operaciones financieras bajo su control.

Por su parte, el defensor legal de Duarte de Ochoa, Pablo Campuzano, anunció que interpondrá los recursos legales correspondientes para impugnar la decisión judicial, argumentando que la medida carece de sustento jurídico suficiente. La defensa buscará demostrar ante instancias superiores que no existe riesgo procesal que justifique la privación de libertad de su cliente, quien actualmente se encuentra recluido desde el año 2018.

Esta nueva imputación por el delito de peculado, que en su modalidad agravada puede conllevar una pena de hasta catorce años de prisión, se suma a la condena de nueve años que el político priista ya cumple por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. La acusación reciente complica significativamente su panorama legal, pues de haber obtenido su libertad en abril próximo tras cumplir la primera sentencia, ahora deberá enfrentar un segundo proceso penal que podría extender su permanencia en el sistema penitenciario federal por varios años adicionales.

Las autoridades judiciales deberán definir en los próximos días la fecha para la audiencia intermedia del nuevo proceso, mientras continúan las indagatorias para determinar si otros funcionarios de la administración duartista participaron en la operación de desvío de recursos. El caso se mantiene bajo análisis por representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes exigen que los recursos destinados a personas con discapacidad sean resguardados y que se castigue con severidad el presunto desfalco a uno de los sectores más vulnerables de la población veracruzana.