Por Redacción

Ciudad de México, 27 de enero de 2026.- Familiares de tres de las 92 personas privadas de libertad enviadas a Estados Unidos entre febrero de 2025 y enero de 2026 presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la presidenta Claudia Sheinbaum y los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, acusándolos de los delitos de traición a la patria y coalición de servidores públicos.

Los denunciantes —entre ellos Vanesa Guzmán, pareja de Juan Pedro Saldívar Farías (presunto líder regional de Los Zetas), y representantes legales de Daniel Menera Sierra e Itiel Palacios García (vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación)— argumentaron que los traslados se realizaron sin procedimiento de extradición formal, sin solicitud judicial ni mandato de autoridad extranjera, lo que viola la Constitución Política, la ley de extradición y tratados internacionales.

“No había mandato judicial que autorizara su entrega a otro país”, afirmaron en conferencia de prensa, calificando los envíos como un destierro prohibido expresamente por la Carta Magna. Señalaron que la presidenta Sheinbaum ha reconocido públicamente que responden a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y una petición del Departamento de Justicia, sin transparentar términos ni someterlos a control constitucional o legislativo.

Los familiares y sus abogados, como Yarey Sánchez Laguna (defensora de Palacios García y Pablo Edwin Huerta Nuño, del cártel de los Arellano Félix), anunciaron que invitarán a parientes de los demás trasladados a sumarse a la acción judicial. Planean impugnar también ante tribunales mexicanos y organismos internacionales, argumentando un precedente grave de sometimiento soberano a intereses extranjeros y violación al debido proceso.

El gobierno mexicano ha defendido estas entregas —la tercera de ellas incluyó 37 personas el 20 de enero— como medidas de seguridad nacional para impedir que líderes criminales operen desde prisión o escapen, y como cooperación bilateral con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado transnacional. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que suman 92 criminales de alto impacto enviados, incluyendo figuras como Rafael Caro Quintero, Servando Gómez La Tuta, fundadores de Los Zetas y familiares de líderes del CJNG y Cártel de Sinaloa.

La denuncia marca la primera acción judicial formal de afectados por estas transferencias sumarias, que han generado debate sobre su base legal —si se trata de extradiciones, traslados, expulsiones o envíos extraordinarios— y su compatibilidad con el Tratado de Extradición de 1974. Analistas señalan que el contexto incluye presiones de la administración Trump por acciones contra cárteles, consideradas organizaciones terroristas, y que México ha acelerado procesos estancados por años en tribunales.

Hasta el momento, la FGR no ha emitido respuesta sobre la admisión de la denuncia, mientras persiste el escrutinio sobre el impacto en la soberanía y derechos humanos en el marco de la cooperación México-Estados Unidos.