Por Redacción:

Ciudad de México, 22 de enero de 2026. El nombre de Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda, resurge con fuerza tras confirmarse que la Fiscalía General de la República (FGR) lo tiene bajo investigación formal por presuntos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada. La carpeta de investigación, abierta desde finales de 2024, se mantiene en reserva, pero ha ganado relevancia pública en los últimos días.

Carlos Torres, de 45 años, es un empresario originario de Tijuana con trayectoria en el sector inmobiliario, construcción de obras públicas y transporte de carga pesada. Se casó con Marina del Pilar en 2011 y tuvieron dos hijos; el divorcio se concretó en 2020 de manera discreta y sin escándalos públicos. Tras la separación, Torres continuó sus actividades empresariales, aunque varios de sus proyectos han sido cuestionados por posibles contratos irregulares durante la administración anterior en Baja California.

De acuerdo con información judicial filtrada a medios como Reforma, Proceso y SinEmbargo, la investigación se inició por alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que detectaron movimientos sospechosos por cientos de millones de pesos en cuentas vinculadas a Torres y a empresas con nombres genéricos (como constructoras y transportistas). Entre las operaciones bajo escrutinio figuran transferencias a paraísos fiscales (Panamá y Estados Unidos), pagos por “servicios de consultoría” sin respaldo y depósitos en efectivo de origen desconocido.

La FGR ha solicitado cooperación con la DEA y el Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC), ya que parte del dinero habría transitado por bancos estadounidenses. Aunque no hay orden de aprehensión emitida hasta hoy, las fuentes consultadas indican que los delitos investigados podrían acarrear penas de 10 a 30 años de prisión por lavado y hasta cadena perpetua si se comprueban vínculos directos con cárteles.

Marina del Pilar no se ha pronunciado públicamente sobre la investigación de su exesposo. Fuentes cercanas aseguran que la pareja rompió contacto total tras el divorcio y que la gobernadora no tiene conocimiento ni participación en las actividades empresariales de Torres. Sin embargo, la oposición (PAN y PRI) ha exigido explicaciones y una auditoría de los contratos públicos otorgados durante su gestión como alcaldesa de Mexicali (2019-2021) y como gobernadora.

Hasta el momento, Carlos Torres no ha sido localizado para declarar y su paradero es desconocido desde finales de 2025. La FGR ha reiterado que la indagatoria avanza con apego a derecho y sin motivaciones políticas. El caso revive el debate sobre los nexos entre empresarios, poder político y crimen organizado en estados fronterizos, y podría tener repercusiones en la imagen de Marina del Pilar dentro de Morena y en la opinión pública de Baja California.