Por Monserrat Californias
Estados Unidos anunció que a partir del próximo viernes 1 de agosto se aplicará un arancel del 30% a productos importados desde México, sin excepción, alertó el secretario de Comercio Howard Lutnick junto al presidente Donald Trump. Si no se concreta un acuerdo comercial antes de esa fecha, la medida entrará en vigor sin más advertencia.
Para muchas empresas exportadoras mexicanas, este arancel representa un riesgo económico significativo. Sectores como el automotriz, agroindustrial (incluidos tomates y otros productos frescos), y materias primas podrían enfrentar una caída de entre 5% y 12% en sus exportaciones si no pueden trasladar sus productos bajo el tratado comercial vigente.
Para firmas que venden insumos al mercado estadounidense, los aranceles implicarían costos adicionales directos. Muchas compañías pequeñas o medianas podrían verse obligadas a absorber costos o elevar precios, lo que a su vez encarecería sus productos y afectaría su competitividad frente a productores locales o de otros países.
El entorno ya evidencia impacto en la confianza inversionista. En estados fronterizos como Chihuahua, Sonora o Juárez, algunos proyectos están en pausa o cancelados ante la percepción de riesgo. La pérdida de empleos y la paralización del crecimiento económico local son preocupaciones latentes.
Aunque tequila y algunos bienes agrícolas están exentos gracias al USMCA, otros sectores como autopartes, cobre y manufacturas enfrentarían directamente los nuevos aranceles. Empresas como Becle (Jose Cuervo) reportaron alzas en utilidades por tipo de cambio, pero advirtieron que la nueva política arancelaria podría complicar el panorama.
Los empresarios mexicanos se encuentran ante la urgencia de diversificar mercados, reforzar las cadenas de valor nacionales y acelerar la búsqueda de acuerdos alternativos con otras regiones. Frente a esta incertidumbre comercial, las estrategias de contingencia y el diálogo diplomático serán clave para evitar un impacto duradero en la competitividad del país.
