Por Luis Martínez Alcántara

CIUDAD DE MÉXICO.- La reciente aprobación de la despenalización del aborto en la Ciudad de México marcó un hito significativo en la lucha por los derechos reproductivos en el país. Esta decisión permite a las mujeres interrumpir su embarazo en cualquier etapa de la gestación, reflejando un avance hacia la autonomía y el control sobre sus cuerpos. La medida fue respaldada por una mayoría en el Congreso local, lo que demuestra un cambio en la percepción social y política respecto a este tema controvertido.

Desde 2007, cuando la CDMX se convirtió en la primera entidad en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, otros estados han seguido su ejemplo. Hasta ahora, un total de 15 estados han despenalizado el aborto, permitiendo que las mujeres puedan decidir sin enfrentar consecuencias penales. Entre estos estados se encuentran Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco y Puebla.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desempeñó un papel crucial en este proceso al declarar inconstitucional la penalización del aborto en septiembre de 2023. Esta resolución no solo invalidó las leyes restrictivas existentes, sino que también estableció que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a servicios seguros de aborto. Sin embargo, a pesar de estos avances legales, muchas mujeres aún enfrentan barreras para acceder a estos servicios debido a estigmas sociales y falta de infraestructura adecuada.

La despenalización del aborto generó reacciones diversas en la sociedad mexicana. Mientras que grupos feministas y defensores de los derechos humanos celebran estos avances como una victoria histórica por la autonomía reproductiva, sectores conservadores continúan oponiéndose vehementemente a estas reformas. Este conflicto refleja las tensiones culturales y políticas que persisten en torno al tema del aborto en México.

A medida que más estados se suman a la despenalización del aborto, es fundamental seguir monitoreando el acceso y la implementación efectiva de estas leyes. La lucha por los derechos reproductivos no solo se trata de legalizar el aborto, sino también de asegurar que todas las mujeres tengan acceso a servicios seguros y dignos.