El delito del cobro de derecho de piso a manos de la delincuencia organizada se ha convertido en alarmante, asfixiante e imparable en el país en los últimos 12 años, donde los tres niveles de gobierno poco o nada hacen por controlar y atacar el problema que predomina en más de 20 estados, pero datos extraoficiales señalan que ese delito está extendido en un 90 por ciento del territorio nacional.

Ya se volvió común contra simples ciudadanos por el sólo hecho de tener un micro negocio, es decir, la mayoría de los micro, medianos y grandes empresarios del país, sean del campo o en las ciudades, están expuestos todos los días a ser víctimas de extorsión o al cobro del derecho de piso, una especie de impuesto ilegal que aplican los delincuentes organizados.

La propia Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Ícela Rodríguez, ha reconocido que durante 2023 no hubo resultados óptimos en relación al indiscriminado cobro de piso y extorsión en el país.

La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del PT, presentó una iniciativa para imponer a ese delito de 8 a 12 años de prisión a los delincuentes que lo comentan. Pero igual que sucede con muchas propuestas legislativas de ese tipo, van directo a la congeladora legislativa y los delincuentes siguen gozando de impunidad.

Mientras, los números siguen quedando para la historia: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023 (ENVIPE), durante 2022 se cometieron 26.8 millones de delitos asociados a 21.1 millones de víctimas, lo que representa una tasa de concentración de 1.3 delitos por víctima.

Pinedo Alonso alcanzó a expresar que combatir la extorsión en la modalidad de cobro de derecho de piso, es esencial para proteger a la sociedad, promover el Estado de derecho, salvaguardar los derechos individuales, fomentar la economía y prevenir la expansión del crimen organizado. ¿Alguien escuchó?, creo que nadie.

Analistas como Vicente Gutiérrez Camposeco, han señalado que ese delito es verdaderamente alarmante y que ya está fuera del alcance de las autoridades, obligando a millones de habitantes de muchos estados del país y, de la propia Ciudad de México, a convivir cercanamente con el fenómeno que lo controla todo, desde el precio de los productos de la canasta básica y los servicios, hasta la determinación del crimen organizado de designar a proveedores “autorizados”.

Así se desprende de casos documentados como en el estado de Michoacán, donde la actividad criminal determina, a través de la extorsión, el precio del limón y el aguacate; en Sonora y parte de Baja California, el control de la pesca y la distribución de productos del mar; en Guerrero, el precio del kilogramo de tortilla;

También en el mismo Guerrero y Estado de México, el abasto y valor del kilo de pollo; en Jalisco, el negocio del ganado bovino de exportación; así como en Zacatecas, Tlaxcala y Puebla, con el precio y suministro de diversos alimentos, así como en todo el país, con el traslado de productos por vía terrestre, ya sea con el cobro de piso o el atraco de camiones con mercancía, que también es alarmante.

De acuerdo con datos extraoficiales, el problema se ha incrementado al doble de cómo estaba hace 12 años y es tal la situación que el cobro de piso por parte de los grupos criminales se ha extendido en alrededor del 90 % del territorio nacional.

Los datos del Consejo de Seguridad Privada (CNSP) sostienen que la demanda de seguridad regulada por las autoridades es cada vez más exigida justo por esta situación, sobre todo por parte de las empresas.

Sí, ya nadie se salva: micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, profesionistas, e incluso, hasta las iglesias son víctimas de extorción o cobro de piso por parte de la delincuencia organizada.

Los datos duros son que en comunidades agropecuarias el cobro se incrementó en promedio 60 por ciento, mientras que el robo a transporte de carga aumento un 73.5 respecto a 2023.

Todo esto sin importar que los ciudadanos también deben sumar el pago de impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT), que es la policía fiscal del gobierno, así como a los inspectores, sindicatos o a la policía corrupta; los “coyotes” o a los que piden una cuota por poner sus puestos en el tianguis, etcétera.

Es un problema gravísimo en el que no veremos ningún avance en su combate con el actual gobierno de López Obrador, porque hoy los delincuentes en general gozan de sus abrazos y no balazos.

Por Abel López Jiménez.