Las y los gobernadores de los 31 estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, solicitaron a la presidenta del Poder Judicial de la Federación, Ministra Norma Lucía Piña Hernández, no eliminar la prisión preventiva oficiosa, para evitar que personas acusadas por delitos graves se sustraigan de la acción de la justicia y se den a la fuga.

La solicitud fue presentada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de un escrito amicus curiae, los cuales son informes técnicos que presentan personas ajenas a un litigio, pero que tienen interés en la materia con la intención de brindar argumentos para la resolución de un asunto, dar su opinión jurídica, proporcionar información sobre el caso o alertar sobre posibles efectos de una decisión.

Del marzo de 2023 a la fecha, el Máximo Tribunal del país (SCJN) ha recibido seis amicus curiae en contra de las reformas político-electorales.

En este caso, las y los mandatarios estatales, así como el jefe de la capital del país, agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores  (Conago), alertaron en el escrito sobre los riesgos de eliminar esa medida precautoria aplicable a personas con riesgo de fuga y sustracción de la justicia por la comisión de delitos graves.

“No podemos dejar de señalar el colapso también de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de cambios en las medidas cautelares que se tienen por prisión preventiva oficiosa”, agregaron.

Indicaron que la restricción que se pretende declarar inconvencional se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados graves (Reforma al Artículo 19 Constitucional, integración de delitos graves).

Mencionan que la figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito.

“Por ello, hacemos un llamado a que la Suprema Corte considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos, por tanto, la valoración y elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese Poder tendría en la seguridad de nuestros gobernados”, enfatizaron.

Los mandatarios estatales advierten que habría un inminente impacto en la seguridad pública por tener a posibles criminales en la calle, así como un colapso para los tribunales federales al estar obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de cambios de prisión oficiosa.

Precisan que la prisión oficiosa permite garantizar cada uno de los procesos penales para el esclarecimiento de posibles delitos, además de que se garantiza la protección a las víctimas de los delitos, así como que sean reparados los daños.

La medida está vigente desde el pasado 8 de abril en 18 estados, donde jueces federales deben conceder suspensiones provisionales contra cualquier orden de aprehensión vigente y meritoria de prisión preventiva oficiosa.

La prisión preventiva oficiosa se aplica en delitos graves como secuestro, homicidio doloso, trata de personas, delincuencia organizada, corrupción, huachicol, robo a transporte de carga, delitos electorales, feminicidio, así como robo a casa habitación, entre otros.

De acuerdo con una jurisprudencia emitida por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, los jueces tienen la libertad de emitir medidas cautelares, incluso, ordenar la prisión preventiva justificada si lo consideran necesario.

La jurisprudencia, publicada el 5 de abril pasado en el Semanario del Poder Judicial de la Federación (PJF) fue emitida con base en las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al analizar una disputa entre tribunales colegiados por la contradicción de criterios

Los mandatarios estatales también solicitan a la Ministra Piña Hernández, mantener la supremacía constitucional sobre cualquier norma internacional, esto en referencia a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la cual se condenó al Estado mexicano, tras declarar la citada medida cautelar inconvencional.

Cabe recordar que la Suprema Corte tiene previsto discutir un proyecto que propone no sólo inaplicar la prisión preventiva oficiosa, sino también negar las órdenes de arraigo y que en los casos donde se denuncie tortura se ordene una investigación independiente en el que no participen las autoridades penitenciarias ni de detención.

En caso de aprobarse la propuesta, ésta tendrá efectos generales, por lo que deberá ser acatada por todos los jueces del país, tanto del fuero común como del federal, y es lo que tratan de evitar los gobernadores con su amicus curiae.

Por Abel López Jiménez.