El desgobierno que encabeza en Campeche la gobernadora Layda Sansores, consentida de ya saben quien, provocó un paro de labores de más de mil 200 policías estatales que suma ya 43 días y los que falten, debido a los atropellos a sus derechos laborales y humanos a manos de la titular de seguridad pública estatal Marcela Muñoz, a quien la mandataria morenista se niega a destituir. 

Ante esa lamentable realidad, una comisión de cinco policías campechanos se trasladó a la Ciudad de México con la esperanza de que sus demandas sean escuchadas, desde el presidente Andrés Manuel López, hasta senadores y diputados de todos los partidos políticos en ambas cámaras del Congreso de la Unión. 

Denunciaron que el gobierno campechano les quiere quitar sus patrullas y trata por todos los medios de dividirlos entre buenos y malos policías, pues en lugar de depositarles en banco su salario, ahora les están pagando con cheques. 

José Alejandro Grajales Chab, Yanely Abigail López Álvarez, Rodolfo Benjamín Uc, Andrea del Pilar González Balán y Luis Alberto Salomón Iglesias, en representación de los policías inconformes, solicitaron mediante una carta audiencia con presidente Andrés Manuel López para el viernes 26 de abril.  

Dicen que buscan explicarle la situación que están viviendo como mujeres y hombres policías en Campeche. 

Expresaron su preocupación ante los medios debido a que el gobierno de Campeche continuaba vulnerando la seguridad de los ciudadanos de la entidad.  

En conferencia de prensa en la Cámara de Senadores, la senadora Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, aseguró que las y los policías de Campeche que cuentan con el apoyo y respaldo de su partido en su lucha contra los atropellos cometidos en su contra por la Gobernadora Layda Sansores y la titular de seguridad pública estatal Marcela Muñoz Martínez. 

“Aquí estamos legisladores de Movimiento Ciudadano, del PRD, del PAN, del PRI y de Morena. Esto es un llamado a Layda Sansores a que deje de hostigar a sus policías y le ponga fin a la guerra que inició en su estado contra los elementos de seguridad. El respaldo a esta causa es de parte de todas las fuerzas políticas del país”, les aseguró. 

Los uniformados afectados recordaron que este conflicto detonó  luego de un operativo fallido para el traslado de ocho internos de alta peligrosidad en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, la noche del 15 de marzo pasado, en donde varios policías resultaron heridos y mujeres policías fueron abusadas sexualmente por los reos.

En otra conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, los integrantes de la comisión de policías campechanos afectados anunciaron que, a través de la Confederación de Trabajadores Policiales y Penitenciarios de Latinoamérica y la intermediación del Sindicato Nacional de Policías de México, acudirían a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a denunciar la criminalización, ataques y afectaciones laborales de que son objeto por parte del gobierno de Layda Sansores. 

Yaneli reiteró que, entre sus exigencias, buscan es que la secretaria de seguridad estatal, Marcela Muñoz, deje el cargo junto con todos su allegados. 

Andrea refirió que siguen trabajando en beneficio de la seguridad de los campechanos, pese a que el gobierno les quiere quitar sus patrullas y trata por todos los medios de dividirlos entre buenos y malos policías, pues en lugar de depositarles en banco su salario, ahora les están pagando con cheques. 

Rodolfo expuso que todas sus peticiones tienen fundamento para evitar que se vulneren sus derechos y que van a continuar con su convicción de lucha hasta alcanzar la solución de sus demandas. 

Comentaron que permanecerán en la capital un tiempo breve, pero esperan obtener apoyo de los legisladores de los diversos partidos políticos y respuesta favorable de las autoridades federales. 

Por Abel López Jiménez.