Lo que no logra la política lo corrige el marco legal.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, aprobó ayer tarde, en forma unánime, prohibir la interrupción del embarazo en el Código Penal de Jalisco, con lo cual ordena al Congreso local a derogar las penas por esa práctica y así convertir a aquella entidad en la decimotercera en despenalizar el aborto en el país. 

La noticia fue anunciada con júbilo por Gire, la organización feminista que interpuso el amparo como parte de una “estrategia jurídica nacional” que persigue “a que ninguna mujer, hombre trans o persona no binarie gestantes, ni al personal de salud o a las personas que acompañan, se les criminalice por aborto”. 

La decisión judicial ha sido posible gracias a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien desde el 7 de septiembre de 2021, declaró la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, donde determinó inconstitucional la prohibición absoluta del aborto consentido, cuando obligó al estado de Coahuila a modificar su legislación penal al respecto. 

El primer estado en despenalizar el aborto fue Ciudad de México en 2007. Le siguió Oaxaca en 2019 y a partir de 2021 el goteo de cambios legales ha sido continuo. 

Actualmente ya está despenalizado en Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Coahuila y Aguascalientes. En el resto de los estados aún están vigentes normativas locales que limitan el procedimiento. 

Hace seis meses, el máximo tribunal también invalidó varios artículos del Código Penal del estado de Chihuahua que prohibían la interrupción del embarazo, aunque ese amparo únicamente beneficia de manera directa a la mujer que lo promovió. 

En septiembre de 2023, dos años después, la SCJN despenalizó el aborto a nivel federal, un nuevo avance que obligó a las instituciones de salud públicas federales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o Pemex, a ofrecer a sus pacientes la interrupción del embarazo de forma gratuita. 

Esa resolución blindó también al personal sanitario, que gracias al fallo ya no puede ser criminalizado ni perseguido por practicar abortos. 

Desde esa resolución de la SCJN que despenalizó el aborto en el país, un hito histórico para el movimiento feminista que, sin embargo, es de lenta implantación en los 32 Estados mexicanos. Solo 12 han adaptado sus leyes al fallo del Máximo Tribunal en los dos años y medio que han pasado desde entonces. Con la nueva resolución, Jalisco será el número 13. 

En la práctica, la sentencia de la Suprema Corte consiguió que ninguna mujer en México pudiera ser encarcelada por abortar. Si la sentencia de 2021 hizo historia al evitar la criminalización del aborto, su despenalización a nivel federal supuso un paso más al obligar a los organismos federales a prestar el servicio. 

Hasta septiembre de 2023, la organización feminista Gire había presentado 21 amparos en los estados que aún no habían modificado su Código Penal para despenalizar el aborto. Entre ellos, Jalisco, que con el espaldarazo de la justicia a la organización este jueves, se suma a la lista de entidades obligadas a descriminalizar el aborto. 

La estrategia de Gire ha sido la de un dominó: cuantas más entidades cambien su legislación, más se sumarán a la ola. O, en su defecto, “a los Estados más conservadores les ayuda que sea la Suprema Corte quien les obligue porque así no asumen ellos el coste político”, pronosticó en entrevista Isabel Fulda, subdirectora esa agrupación en una entrevista. 

Por Abel López Jiménez.